La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe presentado en relación con la situación de derechos humanos en Colombia en el año 2018, responsabiliza al Gobierno de Iván Duque y le atribuye el deber de continuar con la implementación del Acuerdo para Finalizar el Conflicto Armado entre las FARC-EP y el Estado y Construir la Paz Estable y Duradera, relacionando lo firmado por el Estado con el respeto a los derechos humanos, resaltando la Jurisdicción Especial para la Paz  y aboga por la presencia social del Estado en los territorios, que esporádicamente llega a algunos sectores de la población por medio del Ejército que es usado para realizar actividades que no son propias de su responsabilidad institucional, como es la seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado y el orden impuesto para la convivencia, produciendo incrementos de violaciones a los derechos humanos, entre ellas la ejecuciones extrajudiciales o más conocidos como falsos positivos a manos del Ejercito y Policía.

Ante la existencia del conflicto armado, que se concentra en las zonas golpeadas por la pobreza multidimensional que supera el 76 %, invito al Gobierno y al ELN a cumplir el Derecho Internacional Humanitario.

La ONU reporta 113 líderes sociales asesinados en el 2018 en Colombia, indicando la falta de democracia y la existencia de los problemas sociales de orden estructural y la falta de garantías para la protesta y organización del pueblo como derecho.

La Alta Comisionada de la ONU, cierra el informe invitando a acelerar la implementación del acuerdo de paz, otorgar garantías para los defensores de derechos humanos, implementación  del Programa Integral de Garantías para las Mujeres, Lideresas y Defensoras, la independencia del Sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y el llamado al Gobierno y al ELN a respetar el Derecho Internacional Humanitario.

Secretario de Comunicación 

Junta Directiva Nacional Sinaltrainal