El Gobierno de Iván Duque Califica la situación de la población del Chocó como crisis humanitaria, pero ése concepto corresponde exclusivamente al impacto generado por una guerra no convencional y es una forma para no reconocer que en el Chocó la población vive es grave problema social, económico, ambiental y político por culpa del abandono Estado  

La realidad social que vive la población en el Chocó es de tal magnitud que 4 de cada 5 personas no tienen acceso al agua potable y no es exageración que a miles personas les toca consumir agua sin tratar de los ríos en los cuales va a parar los residuos humanos incluida la materia fecal y la orina, en Colombia 28 de cada 1.000 niños se mueren mientras que en el Chocó la tasa es de 110, el analfabetismo alcanza a uno de cada diez colombianos pero en el Chocó cuatro de cada 10 no saben leer ni escribir, el desplazamiento por el conflicto armado sigue y se han escuchado testimonios de habitantes, diciendo que el ejército en las zonas urbanas tiene cara de santos y se transforman en el mismo diablo cuando están en los sitios rurales y llegan a maltratar e intimidar a la población, 80% de las necesidades básicas de alimentación, educación, servicios sanitarios están insatisfechos para la población en el Chocó y uno de cada dos habitantes vive en la pobreza extrema y padece hambre, la explotación minera se ha vuelto una desgracia más por el despojo de tierras, contaminación ambiental de más de ocho ríos y el daño a todo el ecosistema, afectando la producción agrícola, afectando la salud y destruyendo la cultura, el conflicto armado entre el Estado y la guerrilla del ELN es otra parte que afecta la vida de la población, pero tiene más peso la presencia de los grupos paramilitares y el narcotráfico con la llegada de la banda criminal del clan del golfo con la complacencia del Estado siendo los responsables de la mayor parte de asesinatos, amenazas, desplazamiento y despojo y terror.

    

Las  lamentables condiciones de pobreza del pueblo del Chocó que igualmente viven otras regiones del país,  es histórica y están sometidos al olvido por el Estado y poca importancia le dan al problema social que enfrentan, no más recordemos que recientemente, mientras el pueblo chocoano enfrentaba un duro golpe propinado por las inundaciones a causa del desbordamiento del río San Juan que dejo más de 7.000 personas afectadas, el presidente Iván Duque estaba ocupado metiéndole leña al fuego en la hermana república Bolivariana de Venezuela y el Chocó reclamaba su presencia en el departamento para solucionar el drama de miles de familias y solo les tiraron migajas y no soluciones a largo plazo. 

El Chocó es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado y los problemas sociales y nunca ha sido una prioridad para los gobiernos y la población dice que han sido olvidados y excluidos.

 

El primer problema crítico es la falta de seguridad alimentaria, el gobierno no impulsa la producción agrícola y contrariamente hace fumigaciones aéreas acabando con los pocos cultivos de comida que existen, la desnutrición de la población principalmente de niños, adultos mayores y mujeres no es atendida adecuadamente y el sistema de salud es ineficiente, las EPS evaden sus responsabilidades, hay poco personal médico y la educación no está dirigida para afrodescendientes e indígenas, a pesar de que son la gran mayoría en el departamento.

El mismo defensor del pueblo, Jorge Otálora, ha dicho que las políticas públicas del Estado están ausentes en el Chocó, pero a Iván Duque  no le interesa y pareciera estar aún estar en campaña usando pura retórica  y no ha cumplido las recomendaciones de la Resolución Defensorial 064 de 2014, las Sentencias y los Autos de la Corte Constitucional para proteger a la población del hambre, la desnutrición, garantizar alimentos, agua potable, salud y educación, que fue el resultado de que en el año 2014, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas, y las Diócesis de Quibdó e Istmina – Tadó, presentaron un S.O.S, por la grave crisis y de Derechos Humanos en el Chocó.

En octubre de 2014, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en audiencia sobre crisis humanitaria en Chocó y Buenaventura, se propuso el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de un plan integral de Derechos Humanos para Buenaventura y el Chocó, el Gobierno Nacional se comprometió a elaborar dichos planes, pero hasta la fecha no se han diseñado ni implementado, en el marco de la Agenda Regional Interétnica de Paz del Chocó, acudieron a los jueces de la república solicitando garantías de protección de derechos; producto de estas acciones se han expedido diferentes Sentencias y Autos, como la Sentencia T-622 de 2016 que reconoce al Río Atrato como sujeto de derechos, y el Auto 504 de 2017 de la Corte Constitucional, en el Acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC-EP, se estableció el Capítulo Étnico, que contiene unas salvaguardas y principios de protección de derechos étnicoterritoriales, pero la falta de voluntad del Gobierno no ha permitido que se cumpla y ahora quiere volver trizas el acuerdo 

Las Organizaciones Étnicoterritoriales y Sociales del Chocó, agobiadas por el conflicto armado, en el año 2017 presentaron al Gobierno Nacional y al ELN una propuesta de Acuerdo Humanitario ¡Ya! para el Chocó, exigiendo respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, pero lamentablemente la Mesa de Diálogos se terminó y en agosto del 2016 y en mayo del 2017, los habitantes del Chocó participaron en dos paros cívicos, exigiendo cumplimiento a un pliego de peticiones, en el marco del cual se acordaron medidas para superar la crisis humanitaria y de Derechos Humanos de la región y el Acuerdo ha sido incumplido por el Gobierno Nacional.

El pueblo del Chocó exige al gobierno de Iván Duque garantizar el derecho a la libre movilidad y a la seguridad integral a lideresas, líderes, comunidades y organizaciones en el territorio del Chocó, solucionar integralmente crisis humanitaria, social, económica y ambiental que vive el Chocó, dando cumplimiento a la Resolución Defensorial 064 de 2014, Sentencias y Autos de la Corte Constitucional, convocar urgentemente la Comisión Intersectorial para el Departamento del Chocó, instituida por el Decreto 749 de 2018, la cual tiene como objeto “coordinar y articular las acciones de las diferentes entidades del Gobierno nacional que permitan focalizar esfuerzos orientados a fortalecer y solucionar las deficiencias que se tienen para superar la situación humanitaria, social, económica y ambiental que enfrenta el Departamento del Chocó en el corto, mediano y largo plazo” (Artículo 2) y la comunidad exige que se cumplan las salvaguardas y compromisos establecidos en el Capítulo Étnico del Acuerdo firmado con las FARC y mantenga la opción de la solución negociada al conflicto armado, pues la persistente solución militarista se ha manifestado históricamente ineficaz y con un alto costo de vidas humanas y de inversión económica y por ser el derecho a la paz un mandato constitucional se reactive urgente de la Mesa de Diálogos con el ELN, con criterios de verdad y de coherencia, estableciendo un Cese Bilateral al Fuego, y asumiendo la propuesta del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, implementar políticas públicas contra la corrupción .

Dice el pueblo del Chocó: “En el fondo, esta crisis es la crisis del Estado Social de Derecho. “En el Departamento del Chocó se evidencian deficiencias en materia de cobertura y calidad en educación, salud, alimentación, agua potable, saneamiento básico, seguridad, accesibilidad, infraestructura, entre otras, así como problemáticas ambientales que afectan la situación social, económica y humanitaria del departamento” (Decreto 749 de 2018).”

A la tragedia que vive la población en el Chocó,  lamentable hay que decirlo, pero es una cruda realidad, se suma que una gran parte del pueblo colombiano esta idiotizado aplaudiendo éste gobierno antisocial y ha olvidado la solidaridad con el pueblo del departamento del Chocó que sufre. 

Secretario de Comunicación 

Junta Directiva Nacional de Sinaltrainal