El 21 de junio de 2019, días después que su nombre apareció en un panfleto de las denominadas Autodefensas Gaitanistas advirtiéndole que si no abandonaba el pueblo, serían asesinados y les exigieron dejaran de promover la toma de predios en Tierralta, de lo contrario serían declarados objetivo militar, dos sicarios que se movilizaban en motocicleta, a las 7:00 a.m. del viernes 21 de junio de 2019, en la calle 2 del sector La Esperanza del barrio 9 de Agosto, del municipio de Tierralta, alto Sinú, dispararon y asesinaron a María del Pilar Hurtado Montaño en el barrio, líder social de 34 años. Al mismo tiempo, siete defensores de derechos humanos o que han intervenido en procesos sociales en Tierralta, han sido víctimas de amenazas y han tenido que abandonar el municipio por temor a que atenten contra sus vidas. 

Para lavarse las manos, como parte de la campaña mediática y de impunidad, de Inmediato el Ministro del Defensa Guillermo Botero se pronunció, responsabilizando al ELN y de inmediato uno mayores los responsables del genocidio en Colombia durante su gobierno, el siniestro Álvaro Uribe en un trino afirmó lo mismo y luego el mismo ministro Botero en su cuenta en Twitter rectificó la información escribiendo: “Quiero aclarar que continúan las investigaciones”, ante la evidencia de que en esa zona no opera la guerrilla del ELN.

El asesinato de lideres sociales en Colombia no son hechos aislados, son parte de una Política del Estado Genocida que ejecuta directamente y por medio de las estructuras paramilitares, de forma planeada, integral y sistemática para exterminar a sectores y organizaciones del pueblo que luchamos contra la explotación minera, por la paz, la democracia, el derecho a la tierra, en defensa de los ecosistemas, el agua, la educación, la salud, la soberanía, la seguridad alimentaria, el trabajo digno y todo lo publico.

Repudiamos y condenamos el asesinato y la persecución contra lideres asociales y hacemos responsable al Estado colombiano y su gobierno de Iván Duque que no ha desmontado las estructuras paramilitares y ha sido indiferente ante el riesgo inminente anunciado para Tierralta en la alerta temprana del 14 de enero de 2018 de la Defensoría del Pueblo.

Organizaciones sociales exigen que se declare a Tierralta como Zona Estratégica de Intervención Integral como parte del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos.

En lo corrido del año 2019 han sido asesinados más 54 líderes sociales y en el Gobierno de Iván Duque han sido asesinados más de161, sumado a los amenazados, desplazados, exiliados, reprimidos y los judicializados por las instituciones del Estado. 

Colombia, un Estado Genocida, Basta Ya, Ni perdón, olvido, castigo para los responsables.

Secretario de Comunicación 

Junta Directiva Nacional de Sinaltrainal